Por Vilma Filici
filici@filici.com
TORONTO. En la columna de la semana pasada hablé acerca de lo que el gobierno canadiense está
tratando de hacer en relación con los solicitantes de refugio que están llegando procedentes de los
Estados Unidos y de otros países con los que Canadá comparte información, y que han solicitado refugio
previamente en dichos países.
Expliqué que el partido en el poder ha presentado una nueva legislación al respecto junto a una serie
más de legislaciones en lo que se conoce como un “Ómnibus Bill”.
Ahora quiero referirme a otro proyecto de ley presentado también en dicho “Ómnibus Bill”, y el cual
plantea la conversión de la actual “Immigration Consultants of Canada Regulatory council” (ICCRC) en el
nuevo Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía de Canadá.
Con esta nueva legislación, tal y como lo dijo el propio ministro de Inmigración, Refugio y Ciudadanía,
Ahmed Hussen, el gobierno está tomando medidas y acciones decisivas para que los consultores de
inmigración y ciudadanía tengan un estándar mucho más elevado tal y como lo tienen el resto de las
profesiones reguladas en Canadá, tales como los médicos, abogados, etc.
Lamentablemente algunos medios de comunicación retomaron esta frase de “llevar a los consultores de
inmigración a un estándar mucho más elevado” de una forma negativa, cuando en realidad no lo es. Y
probablemente esta interpretación equivocada de la nueva legislación tenga que ver con el hecho de
que el anuncio fue hecho justo en el momento en que el periódico The Globe and Mail publicó una
investigación realizada en el caso en que dos consultores de inmigración trajeron al país a más de 2,700
persona que buscaban empleo y abusaron de ellas.
Esta nueva legislación en realidad es producto del arduo trabajo realizado durante los últimos años por
la Asociación de Consultores Profesionales de Inmigración, y que va a resultar en la transformación del
actual cuerpo que regula a estos profesionales en un Colegio con peso legal.
La nueva legislación plantea que los consultores van a realizar una elección en la cual pueden mantener
el mismo cuerpo que regula la profesión (ICCRC), con la misma estructura con que ahora cuentan, pero
bajo un nuevo nombre: Colegio de Consultores de Ciudadanía e Inmigración.
Pero tal y como decía antes, no es únicamente un cambio de nombre dado que al cambiar de Asociación
a Colegio se estará pasando de ser una organización sin fines de lucro a convertirse en un ente regido
por un estatuto federal propio, y por ende el poder del cual hablé. Porque como organización sin fines
de lucro la entidad no podía penalizar a las personas que practican leyes de inmigración y ciudadanía sin
ser autorizados.
Pero al pasar a tener su propio estatuto federal el Colegio no va solamente a poder disciplinar a sus
propios miembros que cometan fraude o negligencia en su trabajo, sino que va a poder disciplinar
también a aquellas personas que trabajan en procesos de inmigración y ciudadanía sin estar autorizadas
para hacerlo.
El lunes estuve conversando con Dory Jade, quien es el Director Ejecutivo de la Asociación de
Consultores de Inmigración, y le pregunté qué pensaba del nuevo proyecto de ley. Me dijo que en la
asociación están muy contentos porque el gran trabajo que habían estado realizado durante los últimos
seis años finalmente ha dado sus frutos, ya que ahora van a poder no solamente disciplinar a los
consultores y a las personas no autorizadas que practican leyes de inmigración, sino que también van a
poder proteger al público en general de una manera más efectiva.
La realidad es que, desde hace muchos años, cuando se comenzó con la legalización del trabajo de
Consultores, se ha venido realizando una fuerte batalla con otras profesiones legales que también
practican leyes de inmigración, pero ahora, con la obtención de este estatus federal se le pone fin a
dichas batallas y los consultores de inmigración van a ser respetados y tratados de la misma manera en
que son tratados las demás personas de profesiones reguladas.
Así, la profesión se va a beneficiar en el hecho de que el Colegio va a tener la misma fuerza que tienen
los colegios médicos, farmacéuticos, de abogados, etc., de regular la profesión con los profesionales
autorizados, pero también con aquellos que abusan de la población y están trabajando de manera ilegal.
Por ejemplo, si una persona se hace pasar como abogado, el Colegio de abogados tiene el poder de
presentar cargos contra esa persona y penalizarla. En estos momentos la El Consejo Canadiense de
Consultores de Inmigración no tiene ese poder, pero con la nueva legislación si lo va a tener, por lo que
el público va a ser protegido más eficazmente de personas inescrupulosas que se hacen pasar como
consultores de inmigración y que estafan a los clientes. Porque bajo la nueva legislación el Colegio de
Consultores, va a poder hacer investigación y presentar cargos en contra de estas personas que están
actuando fuera de la ley.
Otra cosa importante es que la nueva legislación prohíbe el uso del título de “Consultor de Inmigración y
Ciudadanía” a aquellas personas que no tienen licencia para ejercer. Así, dentro de muy poco, si una
persona no tiene licencia para practicar leyes de inmigración no podrá usar el título de “Consultor de
Inmigración”, con lo cual se espera que se acabe ese abuso que actualmente están cometiendo algunos
individuos que engañan a los clientes y que generan desprestigio para la profesión.
Realmente va a ser muy importante que se impida por ley el uso del título de “Consultor de Inmigración”
de la manera en que se ha estado usando a través de los años, ya que lo que ha provocado es confusión
y daño a los profesionales que han estudiado dicha carrera. Los medios tampoco podrán usar el título a
menos que se refieran a un Consultor legal. Es muy importante que finalmente se se marque la
diferencia.
En estos momentos la nueva legislación está en la primera lectura en el Parlamento Federal, tiene que
haber dos lecturas más y se espera que se apruebe antes de que tengamos las elecciones de octubre
próximo, porque cuando hay elecciones queda todo congelado.
Mientras tanto, los Consultores autorizados para practicar leyes de inmigración en el país continuarán
trabajando de la manera en que lo han estado haciendo hasta ahora, mientras se da paso al cambio del
actual cuerpo regulador al Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía.
Porque este proceso obviamente va a llevar tiempo dado que, entre otras cosas, se va a tener que
realizar el proceso de votación por parte de la membresía, que es de aproximadamente cinco mil
profesionales, y dos tercios de esa membresía deberán aprobar que este consejo bajo el nuevo nombre
continúe siendo el que regule la profesión. Para los consultores de inmigración y ciudadanía esta
legislación es para celebrarla ya que aumentará el estatus de la profesión y al mismo tiempo aumentará
la protección al consumidor.
