Por: Vilma Filici
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TORONTO. La semana pasada se conoció que la Corte Federal de Canadá había declarado como
inconstitucional otra de las prácticas que fueron implementadas por el gobierno anterior en materia
migratoria, en la cual se discriminaba a las personas que venían a pedir refugio y eran procedentes de
países que se encontraban en la conocida lista de “países designados”.
Básicamente las personas que llegaban de países que se encuentran en esta lista, perdían derechos que se
les da a los refugiados de otros países. De Latinoamérica, en esa lista se encuentran Chile y México.
Las personas, procedentes de dichos países, que pedían refugio en Canadá, no tenían derecho a hacer
una solicitud del Pre-Removal Risk Assessment, conocido como PRRA, la cual se hace al final de todos los
procesos, cuando la persona ya está lista para abandonar el país, mediante la cual se busca demostrar
que se corre riesgo si se es regresado a su país de origen.
Normalmente, cualquier persona que está siendo sacada del país puede hacer una solicitud de PRRA
para evaluar los riesgos que corre si regresa a su país. Pero el anterior gobierno conservador impuso una
ley, el 15 de diciembre del 2012, en la que se establece que los refugiados no pueden hacer esa solicitud
si no han pasado 12 meses desde el momento en que pierden su caso de refugio, en el caso de las
personas que vienen de los “países designados” esta solicitud de riesgo no podía hacerse antes de que
pasaran 36 meses a partir de que perdían el caso de refugio.
La semana pasada, lo que dijo la Corte es que no es justo que se discrimine a las personas
que vienen de esos países y que no se justifica el trato diferente que se les da. Y ésta es una de las
últimas decisiones con respecto a las medidas que se tomaron en diciembre del 2012.
Para hacer un poco de historia, en el momento en que se aprobaron las nuevas medidas en diciembre
del 2012 sobre cómo se iban a procesar los casos de refugiados, se les había quitado el derecho a
beneficios de salud y se les había quitado el derecho a trabajar, y las personas que venían de los “países
designados” no tenían derecho a hacer una apelación ante la División de Apelaciones de Refugio.
Todas estas medidas fueron llevadas ante la Corte por la Asociación de Derechos Civiles y la Asociación
de Abogados de Refugio, e interesantemente en cada una de estas decisiones la Corte Federal llegó al
mismo fallo: que iban en contra de la Constitución y en contra de la Carta de Deberes y Derechos del
Ciudadano.
Durante el gobierno anterior, cuando la Asociación de Abogados de Refugio ganó las decisiones ante la
Corte Federal, el gobierno las apeló ante la Corte Suprema de Canadá, pero al llegar el nuevo gobierno
quitó las apelaciones y le dieron seguimiento a los dictámenes de la Corte Federal. Personalmente no
creo que eso haya sido necesariamente porque querían respetar los derechos de los refugiados sino más
bien creo que fue porque era demasiado claro que constituían medidas en contra de la Constitución y
que de todas maneras iban a perder el caso en la Corte Suprema.
Estamos viendo que ahora, por suerte, la Asociación de Libertades Civiles y la Asociación de Abogados
de Inmigración siguen batallando en contra de estas medidas injustas, y esta es una de las últimas peleas
en la Corte que ha sido victoriosa.
En lo que esta decisión de la Corte se traduce concretamente es en que, si una persona proveniente de
un país que está en la lista de “países designados” como es el caso de mexicanos y chilenos, logra
permanecer en el país durante 12 meses después de haber perdido su caso de refugio, tiene la
oportunidad de hacer una petición de evaluación de riesgo (PRRA).
Esta evaluación de riesgo de último momento es muy importante dado que puede haber habido
cambios en su país de origen, puede haber habido actos en contra de la familia o alguna información
nueva que ponga a la persona claramente en riesgo, y por tanto va a tener la oportunidad de presentar
esos cambios con las situaciones que la persona viviría si es regresada a su país de origen, y por lo tanto
tener la posibilidad de ser aceptado.
Algo que es interesante recordar, y que muchas personas a veces no logran entender, es que estas
medidas para limitar los derechos de los solicitantes de refugio fueron adoptadas para tratar de disuadir
a las personas de venir a pedir refugio a Canadá. La idea en ese momento era que, si estas personas
sabían que no iban a tener seguro de salud, que no iban a tener permiso de trabajo, no iban a tener la
posibilidad de apelar sus casos ante la División de Apelaciones de Inmigración, y no iban a tener la
posibilidad del PRRA o de Razones Humanitarias, entonces lo pensarían dos veces antes de llegar al país
con la intensión de aplicar por refugio.
Se tenía que esperar tres años o incluso 12 meses después de haber perdido el caso antes de poder
hacer estas peticiones, y la Agencia de Servicios Fronterizos (CBSA) tiene el mandato de sacar del país a
las personas que pierden el caso lo más pronto posible, preferiblemente que no lleguen al año para
poder presentar el PRAA.
Algo muy interesante es que durante todo el periodo anterior a diciembre del 2012, antes de que se
pasaran todas estas medidas, el entonces Ministro de Inmigración, Jason Kenney, con mucha frecuencia
daba declaraciones en contra de los solicitantes de refugio de Rumania y de México.
Casi todas las semanas salía con una declaración acusándolos de ser mentirosos, de estar abusando del
sistema, y resulta que hoy en día el nivel de aceptación de personas de Rumania es de alrededor del
70%. Y cuando se mira la documentación de derechos humanos para las personas de ese origen y para
los mexicanos, queda claro que en realidad esos países están viviendo situaciones de abusos de
derechos humanos y de persecución por distintos motivos muy serios que no justifican que se les haya
puesto en una lista de países donde supuestamente no hay abusos de derechos humanos.
Inicialmente la lista de países designados fue creada por el Ministro de Inmigración, él fue quien decidió
qué países iban a estar en esta lista porque eran países donde no hay problemas y donde el promedio
de rechazos del Consejo de Refugiados es alto. Entonces el nuevo gobierno prometió que iba a crear un
grupo de especialistas en derechos humanos que iba a revisar la lista e iba a incluir o quitar países, pero
hasta el día de hoy eso no se ha hecho.
A la luz de la última decisión de la Corte Federal, yo creo que está bien que se pelee cada una de las
medidas que fueron tomadas por el gobierno anterior, pero me parece que lo que se debería hacer es
eliminar de una vez por todas dicha lista de países designados porque no tiene sentido. No importa de
qué país llegue la persona, puede tener un temor bien fundado de ser perseguido dependiendo de la
situación que haya vivido. No importa si es un país democrático o no, hay personas que pueden ser
perseguidas por distintas razones y no merecen ser tratados de forma distinta.
Por ejemplo, en estos momentos todavía se siguen procesando los casos de los países designados más
rápidamente que los demás países, y eso es algo que imagino en algún momento también va a ser
resuelto por la Corte Federal. La solución obviamente sería que el gobierno actual haga desaparecer esta
lista y que todos los solicitantes de refugio sean tratados de la misma forma.
